Madrid, 25 de septiembre de 2024 (EFE).- El Gobierno español ha decidido aplazar la votación de la senda de estabilidad, un paso crucial para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que estaba prevista para este jueves. Esta maniobra busca evitar un nuevo rechazo en el Congreso de los Diputados, como el ocurrido en la votación anterior, que fue rechazada por una coalición de votos de PP, Vox y Junts. El aplazamiento supone un desafío significativo para el Ejecutivo, que ahora enfrenta la necesidad de negociar intensamente con los grupos políticos en un entorno político cada vez más complicado.
¿Qué es la senda de estabilidad?
La senda de estabilidad es el plan que define los límites de déficit y deuda pública que deben cumplir las administraciones del Estado durante los próximos tres años. Este marco es crucial porque establece las bases sobre las que se construirán los presupuestos para el ejercicio siguiente. El déficit público, en este contexto, se distribuye entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, marcando objetivos específicos para cada una de estas áreas de gobierno.
España está sujeta a un régimen de control fiscal supervisado por las autoridades europeas y nacionales, que requiere que las administraciones públicas mantengan un déficit dentro de ciertos parámetros para garantizar la sostenibilidad económica y fiscal del país. Si bien el cumplimiento de estos límites es flexible en algunos casos, dada la evolución de la situación económica, la senda de estabilidad sirve como un referente clave para la política presupuestaria nacional.
El trasfondo del aplazamiento
En la anterior votación, que tuvo lugar en julio de 2024, el Gobierno sufrió un duro revés cuando la senda de estabilidad fue rechazada en el Congreso, con los votos en contra de los partidos de la oposición: Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). El rechazo fue visto como una señal de la creciente fragilidad del apoyo parlamentario al Ejecutivo de coalición, liderado por el PSOE y Unidas Podemos, que ahora enfrenta una mayor presión para alcanzar acuerdos con otros partidos.
La senda de estabilidad es un paso fundamental para aprobar los PGE, ya que sin ella es imposible avanzar en la planificación de los gastos e ingresos del próximo año. En este contexto, el aplazamiento de la votación busca ganar tiempo para que el Gobierno pueda asegurar el apoyo necesario, especialmente de Junts, un partido clave que ha mostrado resistencia a apoyar al Ejecutivo en temas cruciales como este.
¿Qué implicaciones tiene el aplazamiento?
El aplazamiento de la votación de la senda de estabilidad tiene varias implicaciones inmediatas. En primer lugar, significa que el Gobierno no podrá presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 dentro del plazo legal, que vence el 1 de octubre. No obstante, el Ejecutivo puede extender los plazos de negociación más allá de esa fecha, aunque esto incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad de los presupuestos.
Si finalmente el Congreso no aprueba una nueva senda fiscal, el marco actual seguiría vigente, lo que implicaría un régimen fiscal más estricto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha advertido que la actual senda de estabilidad, diseñada en un contexto económico diferente, impone mayores restricciones en el gasto público a nivel regional y local, lo que podría generar tensiones adicionales con los gobiernos autonómicos y locales.
Este escenario es particularmente delicado en un año en el que muchas comunidades autónomas enfrentan presiones financieras debido al aumento de los costes en servicios públicos y la recuperación económica post-pandemia. La falta de una senda fiscal actualizada complicaría aún más la planificación financiera de estas administraciones.
El papel de Junts y otras negociaciones clave
El Gobierno ahora deberá intensificar las negociaciones con Junts, un partido catalán que ha demostrado ser un socio difícil en las negociaciones. Aunque Junts ha sido tradicionalmente un partido independentista con posiciones a menudo contrarias al Gobierno central, se ha convertido en un actor fundamental en la aritmética parlamentaria debido a la fragmentación del Congreso.
Además de Junts, el Gobierno necesitará asegurar el respaldo de otros partidos minoritarios y regionalistas que también han mostrado reservas sobre la política fiscal del Ejecutivo. Estas negociaciones no solo son cruciales para la aprobación de la senda de estabilidad, sino también para garantizar que los presupuestos de 2025 tengan alguna posibilidad de ser aprobados en un Parlamento dividido.
¿Qué puede pasar si no se aprueba la senda de estabilidad?
Si el Congreso no aprueba una nueva senda de estabilidad, el Gobierno podría verse obligado a aplicar un marco más restrictivo, lo que dificultaría la ejecución de proyectos clave, especialmente en áreas que requieren un aumento del gasto público, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Este escenario también podría agravar las tensiones con los gobiernos regionales, muchos de los cuales ya han expresado su preocupación por la falta de recursos para hacer frente a sus compromisos financieros.
Además, la falta de una senda de estabilidad podría tener repercusiones en la confianza de los mercados internacionales, ya que los inversores seguirán de cerca la capacidad del Gobierno español para gestionar su política fiscal de manera eficaz. Un fracaso en la aprobación de esta medida clave podría traducirse en una mayor presión sobre la prima de riesgo del país y un aumento en los costes de financiación del Estado.
Conclusión
El aplazamiento de la votación de la senda de estabilidad subraya las dificultades que enfrenta el Gobierno en un Parlamento fragmentado, donde la negociación con partidos clave se ha vuelto esencial para la gobernabilidad. El Ejecutivo ahora debe buscar acuerdos con Junts y otros grupos políticos para asegurar los apoyos necesarios. Si no lo logra, el Gobierno podría verse en la difícil posición de tener que aplicar una senda fiscal más estricta, lo que complicaría la gestión de los presupuestos y podría afectar la estabilidad económica del país en los próximos años.