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El PP admite que sabía lo que votaba en la reforma legal sobre los presos etarras

El PP admite que sabía lo que votaba en la reforma legal sobre los presos etarras

Madrid, 11 de octubre de 2024 – La reciente polémica en torno a la votación del Partido Popular (PP) sobre la reforma legal que podría facilitar la excarcelación anticipada de presos etarras sigue generando tensiones internas y un fuerte debate público. A pesar de que la dirección del partido ha defendido que sus diputados fueron víctimas de una “trampa” del Gobierno, varios miembros de la Comisión de Justicia del PP han admitido que eran plenamente conscientes de lo que estaban votando, lo que contradice la versión oficial de la cúpula del partido.

La diputada Ana Belén Vázquez, una de las figuras clave en esta polémica, ha defendido públicamente la decisión del partido de apoyar la ley que incluía una enmienda de Sumar que derogaba una disposición introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que la convalidación de penas cumplidas en el extranjero pudiera acortar las condenas de algunos etarras. Vázquez ha asegurado que la votación del PP fue necesaria debido a que la reforma era una “trasposición” de una directiva europea que exigía su aplicación.

Los argumentos de Ana Belén Vázquez

Durante su intervención en el programa Todo es Mentira de Cuatro, Ana Belén Vázquez explicó que el voto a favor de la reforma se debió a la obligatoriedad de cumplir con la Decisión Marco 2009/315 de la Unión Europea, que se refiere al intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en otros estados miembros. Vázquez enfatizó que los abogados de varios presos etarras estaban ganando sus recursos legales basados en la normativa europea, que permite que el tiempo cumplido en cárceles extranjeras sea contabilizado en el cómputo de las penas en España.

“El problema es el Código Penal que pone 30 años máximo de condena en este país”, declaró Vázquez en televisión, haciendo referencia a la limitación de las condenas en España y cómo esto impacta en la reducción de las penas de los condenados por terrorismo. Añadió que la trasposición de la directiva europea era inevitable y que, aunque no se hubiera votado, la normativa seguiría ejecutándose.

La controversia interna en el PP

A pesar de la explicación de Vázquez, la dirección del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que el partido fue víctima de una “jugarreta” del Gobierno. En rueda de prensa el pasado lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que el Ejecutivo actuó de manera engañosa al tramitar la reforma legal de manera opaca y sin advertir de las posibles consecuencias que tendría sobre la excarcelación de presos etarras.

“Nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España”, declaró Sémper.

Por su parte, Feijóo ha acusado al Gobierno de actuar de forma deliberada para beneficiar a presos de ETA con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. “Es grave que el Gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la trasposición de una directiva europea. Es absolutamente lamentable”, afirmó el líder del PP el pasado martes.

La posición del equipo jurídico del PP

Fuentes cercanas al equipo jurídico del PP han respaldado la versión de Ana Belén Vázquez, confirmando que los diputados sabían lo que votaban y que se decidió apoyar la ley porque era una obligación derivada del derecho comunitario. Estas fuentes explicaron que, aunque la enmienda de Sumar derogaba una disposición clave introducida por Rajoy, la directiva europea debía aplicarse de todos modos. Sin embargo, también señalaron que las consecuencias de esta reforma no necesariamente serán tan dramáticas como se está sugiriendo en el debate público.

El debate sobre esta votación se intensificó después de que el diario de sesiones del Congreso revelara que el 10 de septiembre, durante la votación en la Comisión de Justicia, el PP apoyó el dictamen completo de la ley, que contenía la enmienda de Sumar. La votación salió adelante con 34 votos a favor, incluidos los del PP, y tres abstenciones del partido Vox.

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Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno, las críticas del PP han sido recibidas con escepticismo. Fuentes cercanas al Ejecutivo han defendido la legalidad y transparencia del proceso de trasposición de la directiva europea, argumentando que no hubo intención alguna de beneficiar a presos etarras. Según estas fuentes, el Gobierno se limitó a cumplir con sus obligaciones internacionales y actuó en concordancia con el derecho comunitario.

A pesar de las explicaciones ofrecidas por el PP y el Gobierno, la polémica no ha cesado. La posibilidad de que presos condenados por terrorismo puedan ver reducidas sus penas ha generado una gran indignación en amplios sectores de la sociedad, y el debate sobre el papel del derecho comunitario en este tipo de decisiones judiciales continúa siendo un tema candente en el ámbito político español.

El impacto en la imagen del PP

La votación en la Comisión de Justicia ha generado una crisis interna en el Partido Popular. Varios sectores del partido han expresado su malestar por la manera en que se ha gestionado esta votación, y algunos temen que las explicaciones contradictorias puedan afectar negativamente la imagen del partido en el panorama político nacional.

A medida que se profundiza en los detalles de esta reforma legal, el PP sigue enfrentando preguntas sobre su capacidad para manejar cuestiones delicadas relacionadas con el terrorismo y la justicia, mientras busca mantener su posición como principal partido de la oposición en España.

La crisis en torno a esta votación pone de relieve los desafíos a los que se enfrenta el PP, tanto a nivel interno como en su relación con el Gobierno, en un momento en que las cuestiones de seguridad y justicia siguen siendo temas centrales en la política española.