El caso de las violaciones de Mazan ha generado un impacto profundo en la sociedad francesa, hasta el punto de que podría llevar a una modificación de la legislación sobre agresiones sexuales en el país. Gisèle Pelicot, una mujer de 71 años que fue drogada y abusada durante una década por su marido, ha decidido que el juicio se realice de manera pública, lo que ha contribuido a que este caso se convierta en un tema central en el debate sobre el consentimiento sexual en Francia. Su marido, Dominique Pelicot, jubilado y residente en el sur del país, contactó a través de internet con más de 50 hombres para que violaran a su esposa, que estaba completamente sedada. Ahora, algunos de esos hombres se sientan en el banquillo de los acusados en el tribunal penal de Aviñón.

El caso ha sacudido la conciencia social en Francia, pero también ha llegado a los niveles más altos del gobierno. El pasado viernes, el ministro de Justicia, Didier Migaud, se mostró a favor de modificar la definición de violación en el derecho francés para incorporar el concepto de consentimiento sexual explícito. Migaud fue interpelado sobre esta posible modificación, que ya había sido mencionada por el presidente Emmanuel Macron en marzo de este año, y aseguró que respalda la iniciativa. Macron expresó en su momento el deseo de que esta reforma se concretara antes de finales de año, aunque los trabajos legislativos se vieron interrumpidos tras la disolución de la Asamblea Nacional en junio.

La falta de consenso sobre el consentimiento

Uno de los aspectos más sorprendentes del juicio de Mazan ha sido la actitud de algunos de los acusados, quienes han expresado dudas sobre la cuestión del consentimiento de Gisèle Pelicot. En sus declaraciones, varios de los imputados han manifestado no estar seguros de si la víctima estaba participando en un “juego parafílico”, en lugar de ser consciente de que estaba siendo violada. A pesar de que Gisèle Pelicot estaba completamente sedada, ninguno de los acusados consideró necesario pedir algún tipo de consentimiento antes de mantener relaciones sexuales con ella. Este hecho ha puesto de relieve una grave falta de conciencia sobre la naturaleza del consentimiento y su papel central en los delitos sexuales.

En la actualidad, el código penal francés define la violación en su artículo 222-23 como “todo acto de penetración sexual, cualquiera que sea su naturaleza, o cualquier acto buco-genital, cometido sobre la persona de otro o sobre la persona del autor por medio de violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. Sin embargo, no se menciona explícitamente la necesidad de un consentimiento claro y afirmativo por parte de la víctima. La noción de consentimiento ha ganado fuerza en la última década, sobre todo tras el movimiento #MeToo, que puso en el centro del debate la importancia de la aceptación explícita en las relaciones sexuales.

La evolución en otros países europeos

Francia no es el primer país europeo en considerar un cambio en su legislación sobre agresiones sexuales para incluir el concepto de consentimiento explícito. Suecia fue uno de los pioneros en este ámbito, con una ley vigente desde 2018 que establece que todo acto sexual sin un consentimiento claro constituye una violación, incluso si no hay violencia o amenaza de por medio. En España, una legislación similar entró en vigor en octubre de 2022, exigiendo también un consentimiento explícito para que las relaciones sexuales sean consideradas legales. Grecia y Dinamarca han seguido un camino similar, adoptando definiciones más estrictas de violación basadas en la falta de consentimiento.

En Francia, aunque ya se habían iniciado trabajos legislativos en torno a este tema, el proceso quedó suspendido tras la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el caso de Gisèle Pelicot ha reavivado el debate y podría acelerar el cambio en la legislación. Para muchos observadores, este juicio no solo ha sido un momento de gran impacto emocional y social, sino también un detonante para que el país avance en la lucha contra las agresiones sexuales.

La importancia del juicio público

Una de las decisiones clave de Gisèle Pelicot antes del inicio del juicio fue permitir que todas las audiencias fueran públicas, algo poco común en casos de agresiones sexuales en Francia. Tradicionalmente, estos procesos se llevan a cabo a puerta cerrada para proteger a las víctimas de la exposición pública y el estigma social. Sin embargo, Pelicot decidió que la prensa tuviera acceso a las sesiones y que pudiera informar diariamente sobre los detalles del juicio. Su abogado ha destacado que la víctima decidió “cambiar la vergüenza de bando”, es decir, que fueran los agresores y no la víctima quienes sintieran el peso de la exposición pública.

Esta decisión ha tenido un impacto considerable, ya que ha permitido que la sociedad francesa tome una mayor conciencia sobre las agresiones sexuales y la falta de mecanismos de protección para las víctimas. A su vez, ha hecho visible la necesidad de reformar la legislación para incluir el consentimiento explícito como un elemento central en la definición de violación.

El reto de la sumisión química

Otro de los puntos clave que ha surgido a lo largo del juicio ha sido la cuestión de la sumisión química, es decir, el uso de sedantes o drogas para anular la voluntad de la víctima. En el caso de Gisèle Pelicot, los peritajes realizados durante el proceso han revelado la falta de recursos de la sanidad pública francesa, especialmente en la atención primaria, para detectar este tipo de agresiones. Durante los años en que fue drogada de manera inconsciente por su marido, Pelicot sufrió pérdida de memoria, alopecia y episodios de depresión, pero ninguno de los médicos que la atendió fue capaz de identificar lo que estaba sucediendo.

Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los recursos sanitarios para detectar este tipo de abusos y ofrecer una mejor protección a las víctimas. Al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de una definición más clara del consentimiento en la legislación francesa, para que este tipo de agresiones no queden impunes y las víctimas puedan recibir justicia de manera adecuada.

El juicio de Mazan y la historia de Gisèle Pelicot han marcado un antes y un después en el debate sobre las agresiones sexuales en Francia, y es posible que en los próximos meses el país dé un paso adelante en la protección de las víctimas mediante la modificación de su código penal.