La Fiscalía del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación para determinar si el eurodiputado Alvise Pérez financió de manera ilegal su campaña electoral para las elecciones europeas celebradas el pasado mes de junio. La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, quien asegura haber entregado 100.000 euros en efectivo al político en plena campaña, una suma que, de confirmarse, excedería los límites legales establecidos por la ley de financiación de partidos políticos.
La denuncia y las pruebas aportadas
La denuncia fue presentada el pasado 19 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado, que a su vez la ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el órgano competente para investigar a los eurodiputados. Según fuentes fiscales, el ministerio público también ha recibido una ampliación de la denuncia, en la que se incluyen más detalles sobre el presunto pago.
Según ha informado Eldiario.es, Romillo asegura que el 27 de mayo de 2024, a escasos días de las elecciones del 9 de junio, entregó en mano 100.000 euros a Pérez. El empresario ha aportado como pruebas una serie de mensajes intercambiados con el eurodiputado a través de la aplicación de mensajería Signal, en los que se detalla la entrega del dinero y la confirmación de la misma por parte de Pérez. “Todo ok! 100.000 gracias, Luis”, habría sido el mensaje de respuesta de Alvise, confirmando la recepción del dinero.
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos en España establece que las donaciones privadas no pueden exceder los 50.000 euros por año y, además, toda donación superior a los 25.000 euros debe ser notificada al Tribunal de Cuentas. Si se demuestra que la entrega del dinero no fue declarada, Pérez podría enfrentarse a cargos por financiación ilegal de partidos políticos, un delito castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión según el Código Penal español.
Romillo y su implicación en otros casos
Álvaro Romillo, fundador de la firma de inversiones Madeira Invest Club (MIC), cerró su empresa de manera repentina hace apenas unos días, dejando a unos 3.000 inversores afectados, quienes han denunciado al empresario ante la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal. Según se ha informado, algunos de estos inversores han solicitado que la Audiencia extienda la investigación al eurodiputado Pérez, dado que parte del dinero entregado podría haber estado vinculado a las operaciones del empresario. El abogado de los afectados ha solicitado que las diligencias se remitan al Supremo, ya que el caso podría involucrar al político.
Romillo, quien es conocido en redes sociales bajo el alias de Luis Cryptospain, ha explicado en su denuncia cómo comenzó su relación con Pérez en marzo de 2024. Según su relato, Alvise lo contactó para proponerle crear una “wallet” o cartera virtual en la que sus seguidores pudieran hacer donaciones de manera anónima y encriptada. El objetivo, según la denuncia, era obtener información sobre presuntos casos de corrupción que podrían ser utilizados tanto judicial como mediáticamente.
Sin embargo, ante la urgencia del político de disponer de más fondos para su campaña, Romillo decidió ofrecerle los 100.000 euros en efectivo, que fueron entregados en la sede de una de las empresas del empresario, Sentinel. Según los mensajes presentados ante la Fiscalía, Pérez agradeció la donación y prometió darle visibilidad a las empresas de Romillo entre sus seguidores, lo que podría haber sido una forma de compensar la ayuda recibida.
Potenciales consecuencias legales
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos prohíbe expresamente que se reciban donaciones de personas físicas o jurídicas por encima de los 50.000 euros anuales. Además, todas las contribuciones superiores a 25.000 euros deben ser reportadas al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses desde su recepción. En este caso, si se confirma que el dinero fue entregado y no declarado, Pérez habría incurrido en una grave violación de la normativa vigente.
El artículo 304 ter del Código Penal establece que la financiación ilegal de partidos políticos puede ser castigada con penas de cárcel de uno a cinco años, además de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. De comprobarse las acusaciones, el caso podría tener serias implicaciones para el futuro político de Pérez y para su agrupación, Se Acabó la Fiesta (SALF), que obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños en las últimas elecciones europeas.
Perspectivas a futuro
Por el momento, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha comenzado a analizar la documentación presentada y deberá determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal contra el eurodiputado. Paralelamente, el caso de Romillo ante la Audiencia Nacional por la presunta estafa piramidal también podría arrojar más luz sobre el origen de los fondos utilizados para la financiación de la campaña de Pérez.
Mientras tanto, Alvise Pérez no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones, y desde su partido no se ha emitido ningún comunicado oficial. La investigación de la Fiscalía podría ser clave para esclarecer si efectivamente hubo irregularidades en la financiación de la campaña del eurodiputado y qué consecuencias legales podría enfrentar en caso de confirmarse las acusaciones.
Este caso pone nuevamente en el punto de mira las prácticas de financiación de partidos políticos en España y resalta la importancia de una mayor transparencia en los procesos electorales para evitar situaciones de ilegalidad que puedan empañar la integridad del sistema democrático.