La portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha arremetido este martes contra las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que “ETA está más fuerte que nunca”. Alegría calificó estas palabras como “un insulto a las víctimas del terrorismo” y pidió al Partido Popular que deje de utilizar el tema del terrorismo con fines partidistas.
Estas declaraciones se producen después de que el Partido Popular votara el 18 de septiembre a favor de una reforma legal que permitirá convalidar las penas cumplidas por presos de ETA en otros países de la Unión Europea, reduciendo así el tiempo que deberán pasar en cárceles españolas. La reforma ha generado un intenso debate político, en el que Díaz Ayuso criticó duramente al Gobierno central, acusándolo de favorecer a los presos etarras.
Respuesta contundente de Pilar Alegría
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría negó categóricamente que el Partido Popular hubiera cometido algún error en la votación de dicha ley. “Les puedo garantizar que no ha habido despistes ni errores”, afirmó la portavoz. Según Alegría, el texto que fue sometido a votación en el Congreso de los Diputados es la trasposición de una normativa europea al ordenamiento jurídico español. Esta normativa, además, fue promovida y aprobada por el propio Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Alegría explicó que el texto votado es “literalmente el mismo que se aprobó en el Consejo de Ministros bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014”. Con esta afirmación, la portavoz dejó en claro que no existe margen para que el Partido Popular alegue desconocimiento o error en su respaldo a la ley. “El PP no puede decir que no sabía lo que estaba votando”, sentenció.
Duro reproche al uso partidista del terrorismo
En su comparecencia, Alegría también lanzó una crítica directa al Partido Popular y, en particular, a Isabel Díaz Ayuso, por lo que consideró un uso “partidista” de la cuestión del terrorismo y la memoria de las víctimas de ETA. “Le exijo al Partido Popular que deje de usar de esa manera tan partidista lo que hizo tanto daño al pueblo español”, manifestó la portavoz gubernamental.
Alegría subrayó que el Gobierno y la sociedad española han trabajado durante años para construir un escenario de paz y convivencia tras el fin de la actividad armada de ETA en 2011. Recordó que tanto las víctimas como la memoria histórica de lo que significó ETA para el país deben ser tratadas con el respeto y la dignidad que merecen, sin que su legado sea instrumentalizado políticamente.
El reproche de la portavoz gubernamental responde directamente a los comentarios de Ayuso, quien en diversas ocasiones ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de favorecer a los independentistas y de haber pactado con formaciones políticas como EH Bildu, un partido que en el pasado fue vinculado con ETA, aunque ahora defiende posiciones democráticas.
El contexto de la votación en el Congreso
La polémica votación en el Congreso de los Diputados del 18 de septiembre se refería a una reforma que adapta la normativa española a la directiva europea sobre la convalidación de penas en la Unión Europea. Esta ley afecta a personas condenadas en países miembros de la UE, permitiendo que las penas cumplidas en otros estados sean reconocidas y convalidadas en España, lo que, en la práctica, reduce el tiempo de estancia en prisión para ciertos presos.
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El Partido Popular votó a favor de esta reforma junto con el resto de los grupos parlamentarios. Sin embargo, tras la aprobación de la ley, el discurso del PP cambió significativamente, con críticas hacia el Gobierno por las posibles repercusiones de la medida en los casos de los presos etarras. Esta contradicción ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte del Gobierno, que ha acusado al PP de tratar de generar confusión en un tema tan sensible.
La sombra de ETA en el debate político
El terrorismo de ETA ha sido un tema recurrente en la política española, especialmente durante las campañas electorales y en momentos de tensión política. A pesar de que la organización terrorista cesó sus actividades en 2011 y se disolvió oficialmente en 2018, su legado sigue siendo un punto de fricción en el debate público.
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Díaz Ayuso ha sido una de las voces más críticas dentro del Partido Popular en relación con cualquier medida que pueda interpretarse como una concesión a los presos de ETA o a partidos políticos vinculados al independentismo vasco. Sin embargo, desde el Gobierno central se ha insistido en que las acusaciones de la presidenta madrileña no tienen fundamento, y que el marco legal actual se limita a cumplir con las obligaciones internacionales de España como miembro de la Unión Europea.